Ambos colectivos denuncian que el mayor perjuicio de las cancelaciones de vistas lo sufren los ciudadanos y urgen a las partes a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.
Todo apunta a que los funcionarios redoblarán la semana que viene sus presiones para obligar al Ministerio de Justicia a presentar una oferta de subida salarial que permita, al menos, sentarse en la mesa de negociaciones. Mientras, todavía penden de un hilo las que la administración está llevando a cabo con jueces y fiscales, lo que complicaría aún más la situación que se vive a diario en los juzgados y que sufren, especialmente, los ciudadanos. Sus representantes legales, es decir, abogados y procuradores, no ocultan su preocupación por la deriva de estas protestas. Por eso, han decidido alzar la voz y reclamar una solución al conflicto.
Los Colegios de Abogados y Procuradores de Burgos, emitieron ayer un manifiesto conjunto en el que mostraron su «preocupación por el gran quebranto que se está ocasionando al servicio público de Justicia por la sucesión de huelgas que están llevando a cabo los diferentes colectivos». Unos paros que, advirtieron, están causando un gran «perjuicio a la ciudadanía y también a los profesionales que colaboran con la Administración».
Ambos colectivos aseguraron «respetar el derecho de dichos colectivos de funcionarios a la reivindicación de sus pretensiones y a ejercer el derecho de huelga si lo consideran oportuno», pero matizaron que «no podemos pasar por alto y señalar que el ejercicio de este derecho de huelga está perjudicando gravemente el derecho esencial de la ciudadanía y consagrado constitucionalmente, así como el de los profesionales del sector jurídico a realizar y cumplir con su trabajo».
En este sentido, criticaron que el «éxito de las reivindicaciones, por legitimas que estas sean, se valoren y midan por la cantidad de actuaciones judiciales suspendidas, causando muchas veces con ello un daño innecesario y desproporcionado». Y es que, según defendían en el comunicado, se están suspendiendo vistas que ya se habían cancelado previamente o señalado con mucha antelación y que, en muchas ocasiones, se hacen sin previo aviso. «Están obligando a efectuar los desplazamientos en balde», añadieron.
Teniendo en cuenta este escenario, los abogados y procuradores burgaleses quisieron apelar a la «responsabilidad de todos los agentes implicados, Ministerio y colectivos en huelga, para que la situación se reconduzca a la mayor brevedad posible y cese la actual situación de paralización de un servicio esencial en un Estado democrático y de derecho, como es el de la Justicia». Cabe destacar que hasta el momento se han suspendido más de 300 juicios solo en la capital burgalesa.
